Europa se pronuncia sobre las horas extra de los chóferes

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) ha estudiado la demanda presentada el 31 de julio de 2023 por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en la que exige una compensación justa por las horas extraordinarias de los chóferes del sector del transporte de la Región de Murcia, y ha decidido admitirla a trámite.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Región de Murcia (FSC-CCOO) denunció que el artículo 43 del Convenio Colectivo del sector del transporte por carretera de la Región de Murcia, que prevé el pago de una bonificación por kilometraje a los chóferes acogidos a dicho Convenio para compensar las horas extraordinarias realizadas, no garantiza el cumplimiento del artículo 4.2 de la Carta Social Europea.

Según FSC-CCOO, esto se debe a que el sistema de bonificación por kilometraje establecido en el Convenio Colectivo no garantiza que la retribución de las horas extraordinarias dependa efectivamente del número de horas trabajadas ni que la retribución de las horas extraordinarias sea superior a la retribución de las horas ordinarias.

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa da un plazo (hasta el 20 de noviembre) al Gobierno de España y al Ejecutivo de la Región de Murcia, así como a CCOO y a organizaciones de trabajadores internacionales, para presentar alegaciones.

Tras conocer la decisión, Julio López Pujalte, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO en la Región de Murcia, ha reiterado que «el conflicto colectivo que planteamos es justo y Europa va a intervenir».

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS)

El CEDS está creado en virtud del artículo 25 de la Carta Social Europea y lo componen 15 miembros independientes e imparciales, elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa por un período de 6 años, renovable una única vez.

En la actualidad, la abogada española Carmen Salcedo Beltrán es uno de sus miembros.

El CEDS tiene como función principal determinar si la legislación nacional y las prácticas en los Estados parte son o no son conformes con la Carta Social Europea.